Manuel Páez, presidente de la comisión electoral de la FUTPV, rechazó las denuncias por presuntas irregularidades en la conformación de la delegación y aseguró que su instalación se realizó en cumplimiento con las leyes del gremio. Denunció que estos ataques pretenden desacreditar las elecciones que fueron pospuestas para el 22 de septiembre.
Manuel Páez, presidente de la Comisión Electoral de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, (FUTPV), rechazó los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la conformación de la delegación comicial interna que pretenden desacreditar y retrasar la elección prevista para el 22 de septiembre tras ser reprogramada por el Consejo Nacional Electoral.
Páez explicó que durante una asamblea realizada en noviembre del año pasado, con una participación del 80 por ciento del gremio, se firmó un acuerdo para la instalación y conformación de la actual comisión electoral de la FUTPV, que tomó posesión de sus funciones a finales del año pasado.
En este sentido, el representante electoral de la Federación aseguró que con anticipación al evento comicial, hicieron notificaciones internas a todos los sindicatos de base para que enviaran un listado de sus miembros y tuvieran la oportunidad de votar.
Aclaró que estas notificaciones se hicieron en tres ocasiones a través de publicaciones impresas en diarios de circulación nacional, y desde el mes de marzo del presente año, han recibido consignaciones de listados sindicales.
Además, la autoridad gremial en materia comicial, recordó que durante este proceso de convocatoria a votación, se introdujeron los listados de cada sindicato petrolero ante el Consejo Nacional Electoral y estableció que las elecciones se realizaran el 30 de agosto. Posteriormente fueron pospuestas tentativamente para el 22 de septiembre por dificultad en el cumplimiento de los lapsos de tiempo para garantizar que el proceso sea automatizado en los 17 estados petroleros de Venezuela.
Páez agregó que el listado de 43.204 agremiados fue sometido a una auditoria, resultando desincorporados tres mil 586 trabajadores petroleros que cesaron sus funciones como personal de PDVSA.